Entre 2015 y 2020, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) recibió 24 denuncias por daños en sitios de memoria -testimonio de las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990-, de los cuales el 95,8% se concentraba en los años 2018-2020. De ese total, el 70,83% ocurrió tras el 18 de octubre del 2019.
Algunos de estos ataques -recogidos en un detallado informe elaborado por la Secretaría Técnica del CMN- encendieron las alarmas. La vandalización a sitios de memoria motivó la conformación, en febrero de 2019, de una mesa de trabajo convocada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, para determinar acciones y procedimientos entre instituciones del Estado con competencias en relación con la protección del patrimonio cultural y memoria. La mesa estuvo integrada, además del CMN, por el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio Público, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Policía de Investigaciones (PDI).
Hoy, a dos años de su instalación, todas las instituciones participantes suscribieron un Protocolo de actuación en caso de daños o vandalización en sitios de memoria y memoriales (1973 – 1990), entendidos como cualquier menoscabo sufrido por el objeto de que se trate e, incluso, cualquier alteración que repercuta sobre su valor histórico o cultural, aunque no implique un detrimento en su materialidad.
“Este protocolo representa una valiosa herramienta para articular de mejor manera el trabajo entre las instituciones con competencias en relación con la protección del patrimonio cultural y memoria, y que viene a formalizar el trabajo realizado desde el 2020. Además, facilita el procedimiento de denuncia para las organizaciones sociales y la ciudadanía, y así iniciar las investigaciones que corresponden, hacer su seguimiento y fortalecer el resguardo de la memoria histórica que, a su vez, es una valiosa garantía de no repetición”, explicó la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
El protocolo establece que las denuncias serán remitidas a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional. En caso de que el sitio de memoria afectado sea Monumento Nacional, el CMN contribuirá en el proceso penal por medio de la representación de sus intereses a través del Consejo de Defensa del Estado. Además, el procedimiento considera la elaboración de una ficha de levantamiento de daños y una cartilla con información orientada a las y los administradores de Sitios de Memoria o Memoriales y al público general. Así, facilitará los mecanismos de acción y permitirá recabar mayores antecedentes de manera oportuna.
El Estado chileno ha protegido 42 Sitios de Memorias en los últimos años como una manera de contribuir y preservar la memoria histórica de nuestro país.
El secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, Erwin Brevis, destacó que la suscripción de este protocolo “es un avance en la materialización de las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las víctimas, los familiares y el conjunto de la sociedad chilena. En ese sentido, permite una mayor coordinación para la investigación y protección del patrimonio de la nación en el ámbito de los derechos humanos. Desde la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Técnica, apoyaremos todas políticas tendientes a resignificar, visibilizar y proteger los espacios de memoria colectiva”.
