El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) valoró la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de expropiar el Monumento Histórico ex centro de detención y tortura denominado “Venda Sexy”, ubicado en calle Irán N° 3037, comuna de Macul, Región Metropolitana. La adquisición de este espacio –según explicó la cartera- es parte del compromiso del gobierno con la memoria y la justicia, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
“Estamos muy satisfechas por el resultado de la mesa de recuperación de este bien, de la cual formó parte el CMN, y que trabajó dentro de sus objetivos la entrega del sitio a la agrupación históricamente vinculada a este espacio para la habilitación de un Sitio de Memoria, pues aunque se trata de un Monumento Histórico, declarado en 2016, solo se pudo acceder una vez al interior del inmueble. La agrupación estuvo más de 30 años esperando por esta recuperación histórica, sin cejar en sus esfuerzos por preservar la memoria instalando un memorial conmemorativo a metros de la casa”, dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.
La notificación fue publicada hoy en el Diario Oficial, donde establece que la indemnización provisional al propietario por la expropiación será de $402.974.880, monto determinado por una comisión de peritos y que se pagará al contado.
Los intentos de adquisición de este bien datan desde 2012, con los primeros intentos de declaratoria como sitio de memoria, que se materializó en 2016. Incluso antes de esa declaratoria como Monumento Histórico, el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, inició un proceso de negociación para la compra del inmueble que no llegó a buen término por la negativa del propietario. Según la Ley de Monumentos Nacionales, el Estado tiene la opción preferente de compra de un Monumento Histórico que esté en manos de un particular, pero el CMN no fue informado de la transacción.
“En ese momento, el Consejo decidió, en función de la conservación y puesta en valor del bien, que es el objetivo primordial, que se debía saber si existía interés y factibilidad real de algún organismo público de adquirir el inmueble, y promover la compra por el Estado. Así, se abocó a gestionar una mesa de trabajo interinstitucional para conseguir, por parte del Estado, la adquisición del inmueble y el posterior plan de gestión con las agrupaciones de Derechos Humanos vinculadas con este”, precisó el secretario técnico del CMN, Erwin Brevis.
A partir de ese momento se formó la Mesa de Recuperación, liderada por el Ministerio de Bienes Nacionales, y en la que participaron, además del CMN, los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y de la Mujer, junto a las subsecretaría de Derechos Humanos, del Patrimonio y de las Culturas y las Artes, así como el Centro Nacional de Conservación y Restauración, y que concluyó con la decisión de expropiar el inmueble por parte del Minvu.
Recinto de detención y tortura
Según el decreto que lo declaró MH, el Centro de Detención Venda Sexy o Discoteque fue uno de los primeros cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), durante el periodo denominado por el Informe Valech como de Detención Selectiva, entre los años 1974 y 1977. El recinto estuvo a cargo del Mayor del Ejército Gerardo Ulrich, dependiente de la Brigada Purén, dirigida por el Mayor General del Ejército Raúl lturriaga Neumann.
El recinto funcionó entre junio de 1974 y marzo de 1975, concentrando sus operaciones entre agosto y octubre de 1974. Sus acciones las centró en la detención de estudiantes universitarios del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista. Se caracterizó por ser un centro de detención al que llegaban detenidos que serían asesinados y/o desaparecidos con posterioridad, llevando al límite la capacidad de castigar e infligir daño, efectuando diversos tipos de torturas sexuales, algunas con animales, a cargo de la Mayor de Carabineros lngrid Felicitas Olderock.
El local recibió las denominaciones de “Discoteque” y “Venda Sexy” por el alto volumen de la música que sonaba durante los días, para ocultar los ruidos producidos durante las torturas a las que se sometía a las prisioneras y los prisioneros, y porque las detenidas y los detenidos llegaban vendados y eran jóvenes, sufriendo violaciones y torturas sexuales.
La declaratoria establece que este recinto “es un testimonio de la discriminación de género aplicado en las torturas sexuales por parte de los agentes de Estado durante la dictadura, cometiendo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, la dignidad, el cuerpo y la sexualidad las prisioneras”.
