La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, encabezada por el reconocido abogado Raúl Rettig, se creó en 1990, mediante Decreto Supremo Nº 355 del Ministerio del Interior, con el objetivo de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El informe, entregado al Presidente Patricio Aylwin el 8 de febrero de 1991, incluyó 3.550 denuncias, de las cuales 2.296 se consideraron como casos calificados.
Las colecciones documentales fueron traspasadas a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), para que esta concluyera el proceso de reconocimiento por parte del Estado de la calidad de víctimas de violación de derechos humanos o de la violencia política, en el período septiembre de 1973 a marzo de 1990, sobre todo aquellos casos en los que no se pudo pronunciar, así como investigar y calificar nuevas denuncias que pudiese recibir.
Este fondo documental se compone en su gran mayoría de aportes entregados por organismos de derechos humanos, agrupaciones de familiares, organizaciones gremiales y sindicales, colegios profesionales, partidos políticos y también de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y corresponden a documentos originales o fotocopias, manuscritos, mecanografiados o impresos.
En su sesión del 22 de diciembre de 2021, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en sesión plenaria, decidió aprobar la solicitud de declaratoria como Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, de este fondo documental, “testimonio histórico del proceso de verdad sobre las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en dictadura”, según establecieron los consejeros para los valores de este bien patrimonial. Y esta jornada, el decreto fue publicado en el Diario Oficial.
Los documentos, según estableció el CMN en el detalle de los valores patrimoniales, “dan cuenta de los esfuerzos, procedimientos y decisiones asumidas por el Estado de Chile en relación con el derecho a la verdad en procesos de justicia transicional mediante mecanismos de investigación extrajudicial como las comisiones de verdad. Y contribuyen además a los procesos de memorialización sobre nuestro pasado reciente”.
La subsecretaria del Patrimonio Cultural, Paulina Soto Labbé, valoró la oficialización del decreto que declara Monumento Nacional a estos documentos. “No solo se trata de un archivo que puede contribuir al esclarecimiento integral de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico militar y en los respectivos procesos judiciales, sino que contribuye al uso ejemplar de la memoria y al establecimiento de una cultura de paz y las garantías de no repetición”, enfatizó.
El archivo está alojado actualmente en las dependencias de la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y tiene acceso restringido, disponible solo para que los Tribunales de Justicia continúen con los procesos respectivos. Está compuesto por 4.785 carpetas individuales de información sobre cada una de las personas que fueron evidenciadas como víctimas ante la Comisión, documentos que detallan situaciones que afectaron a grupos de víctimas y describen el contexto en que se produjeron los hechos, así como expedientes judiciales o piezas de expedientes que fueron recopilados durante las investigaciones para la calificación.
