Al adoptar su decisión en forma unánime, los consejeros concordaron en que el inmueble es testimonio de la instalación de un sistema de represión y violación de los Derechos Humanos con fines políticos por parte de agentes de Estado de la dictadura militar, siendo utilizado como infraestructura de apoyo sanitario, médico y logístico de los centros de detención de la Región Metropolitana.
El nuevo espacio de memoria es un reflejo de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado y su preservación en el tiempo es una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad.
Se consideró además que el inmueble es un vestigio de la acción de denuncia de Naciones Unidas sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, cuyo reconocimiento por parte de la comunidad internacional dio pie a una campaña internacional de solidaridad con las víctimas de la violencia política y de denuncia de la dictadura.
El inmueble, construido en 1934, es obra del arquitecto Alberto Cruz Montt, (1879‐1955), destacado arquitecto nacional de principios del siglo XX.
La construcción de color ocre consta de cuatro pisos y un altillo que conserva la arquitectura propia del Santiago de los años 20.
El inmueble fue una residencia familiar desde la fecha en que fue construida hasta el año 1972, cuando pasa a ser propiedad del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), hasta septiembre del año 1973, en esa misma fecha fue confiscado y allanado por la dictadura y utilizado como la Clínica Santa Lucía de la DINA y posteriormente de la CNI. Es actualmente administrado por la Corporación Chilena de Derechos Humanos, desde el año 1991.
Este espacio de memoria posee reconocimiento internacional de la Organización de las Naciones Unidas como Centro de Detención. Y también es reconocida por el Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde se señala, "Estaba ubicada en la calle Santa Lucía Nº 162. Era una casa antigua, de cuatro pisos, con más de diez piezas; casi sin iluminación natural. Según las denuncias, en el último piso, en forma de buhardilla, se mantenían algunas celdas. La principal función de este recinto fue la atención de salud del personal de la DINA y de sus familias. Algunos detenidos dijeron que los llevaron a esa clínica para recibir tratamiento luego de haber sufrido torturas. Los testimonios señalan que los detenidos permanecían vendados, amarrados a la cama, constantemente sometidos a amenazas y a presión psicológica. Posteriormente desde aquí eran devueltos a los recintos de origen o trasladados a Cuatro Álamos".
En el marco de la tramitación del caso fue consultada la opinión del propietario, en este caso al Sr. Víctor Osorio, Ministro de Bienes Nacionales, quien respaldó la declaratoria.
"Es de opinión de esta cartera de Estado, como propietarios del inmueble, que la Declaratoria como Monumento Histórico impulsada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos es conveniente a los intereses fiscales, en virtud de otorgarle una figura de protección de carácter oficial al inmueble, facilitando su postulación a iniciativas o proyectos de conservación", indicó el secretario de Estado.
El Consejo de Monumentos Nacionales solicitará formalmente al Ministerio de Educación la dictación del decreto para que el emblemático inmueble sea Monumento Nacional.
